U na vez que el Gobierno parece dispuesto (con el permiso del Parlamento) a declarar un estado de prenacionalización de las cajas que no logren un listón de solvencia no exigido en ningún otro país europeo y en un plazo de tiempo temerario, cabe reflexionar sobre lo que esto supone.
Desde fuera implica reconocer que la tormenta perfecta financiero-inmobiliaria española, lejos de tener detrás un sistema financiero ejemplar (responsabilidad del Banco de España), nos encamina, andando el tiempo, hacia un destino semejante al de otros países europeos. La burbuja del Reino Unido provocó la nacionalización de sus bancos, y en Irlanda, aun después de la chapucera nacionalización, vino la intervención de la UE.
El Gobierno reconoce ahora -una vez más, muy tarde- que la situación es de alto riesgo y quiere recuperar el tiempo perdido exigiendo conseguir a toda prisa un objetivo de solvencia que las circunstancias actuales convierten en endemoniado. Alguien dijo que es como anunciar la venta obligada de una vivienda en tres meses.
Esto así, ahora el mayor riesgo es verse obligado a una valoración del negocio bancario de las antes cajas (evolucionadas, dice la Xunta) a precios de saldo para evitar su nacionalización parcial. Permitir así que honorables especuladores se hagan por dos perras con lo que, en otras circunstancias institucionales, valdría cuatro.
Conseguir a corto plazo al menos mil millones de euros en acciones podría o bien situar a algún tiburón en el puente de mando para comprar, usar y tirar o bien una entrada del FROB que el gobernador del Banco de España usará para buscar un comprador de no mejor perfil.
En cualquier caso, me parece que pasa a ser estratégico que la Xunta de Galicia, por medio de uno de sus fondos de capital riesgo, considere ejercer una especie de derecho de tanteo por, al menos, la mitad del capital necesario. Contamos para ello con que la deuda de las empresas públicas no consolidadas representan en Galicia un 0,5% sobre el PIB mientras que la media española es del 1,5% y eso debiera dar margen para movilizar un 1% del PIB (unos 600 millones de euros) en deuda.
La Xunta sería así un socio estratégico y no especulativo; no entraría -como el FROB- para vender cuanto antes, sino para profesionalizar al máximo el consejo; mantener anclado nuestro capital social (de lo que fueron todas las cajas de ahorros gallegas) al servicio de nuestro desarrollo económico. Este podría ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas.
